No es de recibo que en un país "presuntamente" civilizado como el nuestro, sean las propias personas encargadas de hacer cumplir la ley las primeras en incumplir sus responsabilidades y/o promesas. Lo digo porque, como norma general, cuando a cada españolito de a pie nos llega cualquier recibo, más vale que nos demos prisa en pagar antes de asistir a cómo nos cortan el suministro o, en menos que canta un gallo recibimos una misiva en la que, eso sí, amablemente y amparándose en mil y un recovecos de la ley, se nos amenaza con embargarnos las cuentas. Sin embargo, cuando es la propia administración la que debe pagar al contribuyente parece que la ley se las apaña para darle la vuelta a la tortilla y proteger al deudor con la fórmula de "tranquilidad, que puede abonar lo que debe en cuanto al funcionario incompetente de turno le salga del mismo pito".
Lo que digo le sonará bastante a miles de autónomos de este país que han visto como han debido afrontar el impuesto del IVA de facturas y facturas sin haberlas cobrado debido a que Ayuntamientos, Diputaciones, Delegaciones, Gobiernos Autonómicos o el propio Estado no paga como debe, no ya en los plazos que antes se entendían "normales" como medio año o un año, sino que hablamos de trabajos o servicios realizados desde hace más de dos años.
A todo esto, el ritmo de actividades de los Ayuntamientos, en vez de contenerse, continúa aumentando como si no pasara nada. Como si la crisis no existiera. Como intentando ocultar esta realidad a toda costa mientras se aparententa que no ocurre nada cuando no es así. Cuando cientos y cientos de autónomos y pequeñas empresas están ahogadas por su pésima gestión y al borde del cierre porque ellos sí pueden exigir y malgastar al mismo tiempo pero gracias a la burocracia y la permisibilidad de este país están excentos de pagar en el momento debido.
Y yo me pregunto, ¿estamos entonces ante el hecho de que descaradamente la ley no es igual para todos? Evidente y tristemente, creo que una vez más es así. Porque a ver quien es el guapo que tiene los arrestos para amenazar al Ayuntamiento y embargar sus cuentas sin entrar en una lista negra y tener que hacer las maletas para huir a otra ciudad.
Para terminar y por si alguien no ha acabado de entenderlo, me permito exponer sólo un ejemplo ilustrativo respecto a mi ciudad, que puede extrapolarse sin problemas a cualquier parte de España. Hoy, 12 de agosto, Diario de Cádiz se hace eco del caso de un artesano local, Fernando Benitez, que reclama al Consistorio facturas por valor de 4.400 euros desde hace más dos años y que lo ha hecho público colocando un cartel de protesta en el escaparate de su tienda. Por su parte, el Ayuntamiento en boca del teniente de alcalde, Pepe Blas, ha venido a decir que "es normal que se tarde en estos casos". Cabe recordar, mientras tanto, que mientras decenas de PYMES gaditanas están en la situación del señor Benitez, el Consistorio dirigido por la señora Teófila Martínez ha decidido, en plena crisis, solicitar un préstamo de más de 40 millones de euros para las obras de la Tribuna del estadio Ramón de Carranza, donde imagino que, al igual que confía en concluir todas las obras que viene realizando en la ciudad antes del 2012, espera que en ese mágico año el Cádiz C.F. dispute la fase final de la Champions League.
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